NO A LA ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA PREVISIONAL

DEFENDEMOS LA JUBILACION NACIONAL DOCENTE Y LOS REGIMENES PROVINCIALES

EL IPS NO SE TOCA, NI AHORA NI EN EL FUTURO

El denominado Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (Ley 27260 y Decreto 894/16), aprobado y publicado en julio de este año por el gobierno nacional, plantea dos objetivos fundamentales: por un lado terminar con los juicios por actualización de haberes contra el Estado, consolidando una verdadera estafa contra miles de jubilados pagándole mucho menos de lo que les deben, excusa con la cual justificaron el “blanqueo de capitales”. Y por otra parte “armonizar” los regímenes previsionales provinciales con las condiciones jubilatorias del ANSES, es decir, que las provincias que reciben aportes del Anses para el pago de jubilaciones -tanto las que han transferido sus cajas, como las que mantienen cajas jubilatorias propias-, igualen las condiciones para jubilarse con el sistema nacional.

La ley da un plazo de 120 días para que las provincias firmen un compromiso y se sumen a esa política nacional, que incluye auditorías sobre los estados contables y financieros de las instituciones que administran los sistemas previsionales provinciales. Será el inicio de la intromisión del estado nacional en las condiciones para acceder a una jubilación y en la movilidad de los haberes.

Recordemos que hoy hay 11 provincias adheridas al sistema nacional, cuyos docentes deben jubilarse por ese régimen. Hoy la jubilación docente nacional establece 57 años de edad para las mujeres y 60 para los hombres, con un cálculo del haber del 82% del último sueldo, que luego se actualiza de acuerdo al índice de aumento semestral a todos los jubilados, situación que va degradando paulatinamente el haber.

Si bien no está directamente incluído en la ley nueva, el gobierno nacional no ha desmentido declaraciones de funcionarios en relación a elevar la edad general del sistema jubilatorio nacional, y también la de los sistemas especiales, como el de los docentes. Hay provincias donde ya se modificó el régimen jubilatorio como en Tierra del Fuego, y otras como Santa Fé y Santa Cruz que han logrado evitarlo con la lucha de los docentes. La intención de elevar la edad jubilatoria es una tendencia mundial reclamada por los organismos de crédito internacionales, para seguir descargando la crisis económica sobre los trabajadores.

Frente a esta situación, desde SUTEBA MATANZA decimos claramente, NO A LA ARMONIZACION, DEFENSA DE LA JUBILACION DOCENTE NACIONAL, 82% MÓVIL PARA TODOS LAS JUBILACIONES Y DEFENSA DE LOS REGÍMENES PROVINCIALES.

EL IPS Y EL RÉGIMEN JUBILATORIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Este intento de avance contra los regímenes especiales no es nuevo. En octubre de 2004 se firmó el Convenio 400 entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, con Néstor Kirchner y Scioli en presidencia y vice, Massa presidiendo el Anses y Solá como gobernador, que preveía que el Estado Nacional se comprometía a financiar determinados ejercicios del IPS, y la Provincia a su vez, se comprometía a “armonizar” la normativa relativa a jubilaciones, retiros y pensiones. Como resultado de la lucha librada en ese momento, finalmente la Legislatura provincial no ratificó el Convenio 400, por lo tanto no entró en vigencia.

En agosto del 2008 y en setiembre del 2012, hubo nuevas avanzadas del gobernador Scioli para que la legislatura apruebe el Convenio 400/04. La denuncia y lucha de los trabajadores provinciales logró frenarlo en ambas oportunidades. El falso fundamento fue nuevamente un supuesto “déficit” del IPS. Esto en realidad era lo opuesto, el IPS siempre fue una caja superavitaria, que le prestaba al gobierno de la provincia de Buenos Aires. En mayo de 2016 la Legislatura aprobó una ley que prohíbe que los fondos del IPS sean “prestados” al gobierno provincial.

En tanto el IPS no recibe aportes del ANSES, en principio la provincia de Buenos Aires no estaría incluida en la obligación de ARMONIZACIÓN.

Sin embargo, el gobierno de María Eugenia Vidal no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, lo que acrecienta la preocupación generalizada por la posible implementación de la norma en la provincia y la modificación del régimen jubilatorio del IPS, en especial en el sector docente, que soporta una avanzada en contra desde las medidas del gobierno y los medios de comunicación, con el tema de la evaluación educativa y también por el ataque a sus derechos previsionales.

Desde el Suteba Matanza pronunciamos nuestro enérgico rechazo a cualquier medidas que ataquen nuestros derechos adquiridos en nuestro régimen jubilatorio, y afirmamos que las condiciones de edad y antigüedad del Decreto Ley 9650/80 que rige la jubilación en la provincia de Buenos Aires, no son un privilegio sino que responden al tipo de tarea que realizamos y las condiciones en las que trabajamos, además de representar el correlato con el aporte del 16% que realizamos al IPS por TODOS nuestros cargos, mientras en el sistema nacional se aporta el 11%.